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Juan Oliva Moreno, Cristina Vilaplana Prieto, Rubén Osuna Guerrero
En el inicio del nuevo siglo, España partía de bajos niveles de gasto en protección social asociados a cuidados de larga duración en comparación con otros países europeos. A finales del año 2006, se aprobó en España la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que supone la creación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, en parte por el corto periodo transcurrido, en parte por problemas y dificultades surgidos en la creación del SAAD, los cuidados prestados por parte de personas no profesionales pertenecientes al entorno familiar y afectivo de las personas que requieren de ayuda para el desempeño de sus actividades sigue jugando y jugará un papel determinante en la red de apoyo social a personas con limitaciones en su autonomía.
El objetivo de este trabajo es analizar una parte del beneficio social que proporcionan los cuidados no profesionales (informales) planteando el escenario hipotético de los recursos que habría que movilizar (servicios sociales) si hubiera que sustituir su labor. Empleando información de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía personal y situaciones de Dependencia 2008 (EDAD-08) se ha realizado un ejercicio de naturaleza descriptiva sobre el tipo de discapacidad que padece la población española, cuál es el perfil de las personas que cuidan a otras de manera no profesional (cuidadores informales), en qué tipo de tareas, qué carga supone el prestar esta ayuda y, finalmente, el coste que tendría que asumir la sociedad si reemplazara este tipo de cuidados por servicios sociales profesionales.
Los resultados estimados indican que los cuidadores informales asumieron 4.600 millones de horas de cuidado durante el año 2008. La traducción monetaria de esta ingente cantidad de horas nos lleva a cifras que serían equivalentes a entre un 3,24% y un 5,37% del PIB del mismo año. Cuando nos trasladamos al ámbito regional, la valoración oscila de manera muy importante entre CCAA, llegando alguna a alcanzar cifras que equivalen a más de un 9% de su PIB.
