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El pasado mes de mayo se publicaron en el Boletín Oficial del Estado dos disposiciones legales que han supuesto una importante revisión de nuestra vigente Ley de Arbitraje. Entre las modificaciones introducidas podemos destacar la atribución de competencia para conocer del nombramiento y remoción de los árbitros, de la acción de anulación y del reconocimiento de las resoluciones arbitrales extranjeras a los Tribunales Superiores de Justicia, y la liberación a los Juzgados Mercantiles de las competencias que hasta ahora ostentaban en materia arbitral cuando de cuestiones propias de su competencia se trataba. También merecen especial mención la regulación expresa del arbitraje para solventar las controversias que se susciten en el seno de las sociedades de capital y un conjunto heterogéneo de reformas que afectan fundamentalmente a los árbitros, al arbitraje institucional, al laudo y al procedimiento que se introducen con la idea de aumentar la seguridad y eficacia de la institución y potenciar con ello la imagen de España como sede de arbitrajes internacionales.
Last May, two statutory provisions involving an important review of our current Law on Arbitration were published in the Official State Gazette. Among the changes, it is worth highlighting the conferring of jurisdiction to the High Courts of Justice for the arbitrators� appointment and removal, the invalidity action and the acknowledgment of foreign arbitration awards, and the removal of jurisdiction to the Commercial Courts in arbitration matters. It is also noteworthy that the use of arbitration is specifically established to solve disputes which arise within the corporations and an heterogeneous set of reforms that principally affect arbitrators, institutional arbitration, the arbitration award and the procedure, all of them introduced with the purpose of increasing the safety and effectiveness of the institution and thereby enhance the image of Spain as a venue for international arbitrations.
