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Fernando Lousada Arochena
La Ley 36/2011, de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social busca una reforma profunda de la ley procesal laboral; abandona, incluso, su denominación tradicional de Ley de Procedimiento Laboral. La Exposición de Motivos fija sus finalidades: integralidad de la Jurisdicción Social en relación con la materia social, ampliación de las competencias, y la agilización de la tramitación sin merma de la tutela judicial efectiva; de ahí la asignación al Juez de la función de garante ordinario de los derechos fundamentales. También se llama la atención sobre una reforma sustantiva que se realiza al hilo de la reforma procesal.
