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La ejecución de las medidas de seguridad de internamiento psiquiátrico comporta problemas complejos, derivados directamente del eterno conflicto entre libertad y seguridad, pero agravados en este caso por afectar al mundo de la salud mental. Las relaciones entre la pena y la medida de seguridad se van modificando progresivamente y las diferencias conceptuales entre tales respuestas penales se han ido difuminando. Es preciso volver a delimitar la frontera que las separa con una justificación constitucional (principio de igualdad y principio de orientación reintegradora). Es preciso levantar el velo de las legitimaciones jurídico-formales, ver la realidad y negar a la peligrosidad su tradicional papel de fundamento de la medida de seguridad, por diversas razones pero sobre todo por que legitima y fomenta el uso del internamiento, de la privación de libertad, con fines inocuizadores de la persona, algo constitucionalmente injustificable.
