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El reciente Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, regula «el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural». Esta figura estaba ya prevista por la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural (LDSMR), que la define como «el instrumento que establece el conjunto de compromisos a suscribir entre las Administraciones Públicas y los titulares de las explotaciones agrarias que orienten e incentiven su actividad en beneficio de un desarrollo sostenible del medio rural» (art. 16).
