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Se debate si es posible que las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional puedan ser objeto de recursos y, si esto fuera así, a qué Tribunal le correspondería conocer de ello. También entra en el debate si, al presentarse una demanda de amparo contra actos de la Corte Suprema de Justicia, pueden los magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional conocer de ella, tomando en cuenta que, a su vez, forman parte del cuerpo colegiado demandado. En el tema, cabe acudir al Derecho Procesal Constitucional, que es "la disciplina jurídica que se ocupa del estudio del conjunto de instrumentos normativos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos de los principios y disposiciones fundamentales y repararse las violaciones a éstos", así como también al Derecho Constitucional Procesal, que trata de las disposiciones procesales consignadas en la Carta Magna, de lo cual también Fix y Cossío se encargan de aclarar la distinción.
La legitimación procesal, esto es, la habilitación para comparecer en un proceso es distinta en cada uno de los procesos constitucionales admitidos en el ordenamiento jurídico salvadoreño. La Sala de lo Constitucional no actúa por iniciativa propia, sino que lo hace por petición de un ciudadano en las inconstitucionalidades de la persona agraviada en el amparo o de cualquier persona en el habeas corpus, aunque en este, excepcionalmente, puede actuar de oficio. Estos procesos son, como se ha dicho, de carácter reactivo, porque se actúa a petición de parte.
En este trabajo se pretende tomar posición sobre ese tema, del cual se afirma que, si la Sala de lo Constitucional sentencia y resuelve un recurso de sus mismas decisiones, se convierte en "juez y parte", lo mismo que si los magistrados de esa Sala resuelven sobre demandas contra la Corte Suprema de Justicia.
