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En primer lugar el artículo analiza el significado de la expresión «integración europea» y el grado que la misma ha alcanzado, poniendo en evidencia cómo la verificación permite llegar a resultados reconstructivos diferentes según se desarrolle en el plano de la teoría de las fuentes o en el de la teoría de la interpretación. Con la ayuda de ejemplos muestra, además, más allá de toda apariencia en sentido contrario, cómo la integración alcanzada entre los Estados en el seno de la Unión europea está, en muchos aspectos, aún más avanzada que la lograda en el interior de los propios Estados. Igualmente, muestra que las relaciones que los Estados tienen con el Derecho de la Unión y con la Convención Europea de Derechos Humanos, respectivamente, presentan fuertes convergencias en el terreno específico de la tutela de los derechos fundamentales. Un terreno en el que las diferencias entre las fuentes, según la forma, se reducen hasta una sustancial disolución. La Constitución nacional, la Carta de Niza-Estrasburgo y la mencionada Convención están naturalmente destinadas a converger recíprocamente, hasta integrarse e identificarse la una con la otra, especialmente en los procesos interpretativos y aplicativos, sin ningún orden pre-constituido, sino considerando únicamente el objetivo de garantizar la tutela más intensa de los intereses en juego, a la luz del valor «supraconstitucional», innegociable, de la dignidad de la persona humana y en relación a las exigencias de cada caso. Y en esto se fundamenta la conclusión según la cual los conflictos entre los pronunciamientos de los Tribunales Europeos y los de los jueces nacionales (incluido el Tribunal Constitucional) han de resolverse aplicando la técnica de la ponderación y del criterio de la tutela óptima, según las condiciones objetivas contextuales. Sin embargo, quedan todavía algunos casos difíciles de conflictos entre los tribunales, a cuya descripción específica dedica el trabajo su última parte.
