El estudio tiene por objeto analizar las peculiaridades del régimen de contratación pública en Reino Unido, concretamente, que no existe una ley de contratos públicos y que, además, cuando los contratos no alcanzan los umbrales comunitarios se rigen, en general, por derecho privado. De ahí derivan peculiaridades como que la Oficina de Comercio del Gobierno en la encargada de publicar las directrices en materia de contratación pública, así como de monitorizar la ejecución de contratos públicos complejos. Además, se analizan los principios de Best Value, Contracting Out, Market Testing, así como la Private Finance Initiative y la Public-Private Partnerships, como modalidades preferentes de financiación de los contratos públicos en Reino Unido. Por último, derivado del sometimiento a derecho privado de los contratos públicos, se analiza la excepcional aplicación del judicial review para revisar la actividad contractual de la Administración Pública en Reino Unido.