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Susana Borràs Pentinat 
Después de siete años de disputa, el 20 de abril de 2010, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha puesto fin a una controversia, que ha enfrentado a Argentina y Uruguay, por la construcción de una fábrica de pasta de celulosa a orillas del Río Uruguay. La CIJ establece que Uruguay violó el Estatuto del Río Uruguay, que hace frontera entre los dos países, al no comunicar a Argentina la instalación de una potente fábrica papelera de capital finlandés. Este fallo desestima, por otra parte, la demanda Argentina, no quedando demostrado que la empresa contamine el río ni cause serios perjuicios a las poblaciones ribereñas, por lo que no exige su reubicación ni su desmantelamiento, como solicitaban los grupos ecologistas de Gualeguaychú, la población argentina más cercana a la papelera. El presente estudio pretende analizar desde un punto de vista crítico el fallo de la CIJ que, aparentemente salomónico, intenta resolver un conflicto político y diplomático entre los dos países, pero que no logra ser satisfactorio para la protección del ecosistema del Río Uruguay, a pesar de la evolución experimentada por el Derecho internacional del medio ambiente en las últimas décadas.
