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El RDLey 7/2011 llega en mal momento político. Pese a sus propósitos loables se acusa la ausencia de un tratamiento legal unificado de todas las formas de expresión de la autonomía colectiva (convenios y acuerdos colectivos) en el marco de las fuentes del Derecho del Trabajo, tarea absolutamente necesaria para conseguir un mínimo de seguridad jurídica. La anunciada sustitución por una ley parlamentaria refuerza esa inseguridad.
