El impacto brutal que ha tenido Internet en la difusión de material pornográfico infantil hace imprescindible no sólo perfeccionar los mecanismos de persecución penal, sino también adoptar medidas alternativas para impedir el acceso al material. Se analiza igualmente la necesaria protección de las víctimas de estos delitos y desde una perspectiva crítica se exponen las deficiencias detectadas en la reforma operada por LO 5/2010 en el Código Penal.