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La determinación del domicilio constitucionalmente protegido es una cuestión delimitada esencialmente por la jurisprudencia constitucional que afecta al ordenamiento jurídico en sus diversos órdenes y que tiene una especial incidencia en el ámbito tributario. En tal sentido, la doctrina jurisprudencial, en sus distintos ámbitos, otorga protección constitucional a determinados espacios porque desde esos lugares se dirige a las entidades jurídicas sin intromisión ajena.
