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La reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears aprobada en 2007, atendidas su extensión y profundidad, parecía llamada a marcar un punto de inflexión en el devenir político-institucional de la Comunidad Autónoma. No obstante, la efectividad de las nuevas previsiones estatutarias requiere un decidido impulso político que debe plasmarse, sobre todo, en un importante desarrollo legislativo, para lo cual es decisiva la estabilidad institucional. Ésta no se ha dado, sin embargo, durante el gobierno del segundo pacto progresista, que se ha revelado débil y quebradizo, con lo que se ha demostrado el difícil equilibrio entre acuerdo de gobierno y desarrollo estatutario.
