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Los pactos sucesorios de atribución particular, regulados por primera vez en el Libro IV del Código Civil catalán, aparecen como la vía más adecuada, al haberse circunscrito los pactos al ámbito familiar, para la ordenación contractual de la sucesión de la Empresa o negocio familiar (o en su capital social). Su funcionalidad para planificar la sucesión empresarial se logra al poderse diferenciar esta sucesión singular sobre bienes concretos (sea la Empresa familiar como universitas o sus acciones, participaciones sociales o cuotas de capital) de la ordenación universal, sea testada, intestada o a través de un heredamiento, dado que con todos �en una u otra forma- son compatibles estas atribuciones particulares. Su posible contenido permite alcanzar, aunque, desde luego, con las notas propias que derivan de su carácter contractual y de ser sucesión a título particular, finalidades propias de cualesquiera clase de legados y, también, aunque referido a bienes concretos, de las distintas modalidades de heredamientos. La forma de garantizar el poder alcanzar la finalidad que se proponga sus otorgantes está prevista a través de la pertinente publicidad registral �según se refiera a inmuebles o capital social-, y, además, limitando las facultades dispositivas del causante, lo que, desde luego, si se quiere que se otorguen estas atribuciones particulares anticipadamente a la muerte del causante, no puede hacerse limitándoselas al causante de forma absoluta, menos cuando cabe el cumplimiento in natura o sujetar la disposición o enajenación al asentimiento de los favorecidos.
