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En el artículo se analiza la invalidez de los contratos administrativos llegándose a la conclusión de que se trata, simplemente, de una consecuencia de la nulidad o anulabilidad de los actos que sirven de soporte al contrato (o de los que se dictan durante su ejecución) y no del contrato en sí mismo, tomando en cuenta la regulación del tema desde el viejo RCE hasta el TRLCAP. Conclusión que no coincide con lo que se expresa en el art. 31 de la vigente LCSP que quiebra, de forma incoherente, las categorías generales debido a una insuficiente formación jurídica por parte del legislador.
