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El elevado desempleo originado por la crisis económica ha aumentado los impagos de los préstamos hipotecarios con los que se adquirió la vivienda familiar, evidenciando la realidad de un procedimiento legal de ejecución hipotecaria injusto e ineficiente en España. Las reformas anunciadas por el Gobierno al inicio del mes de julio de 2011 pueden suponer un alivio para las familias afectadas, haciendo necesarios cambios legislativos de mayor alcance para racionalizar dicho procedimiento.
