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La elaboración de un estatuto penal de la persona jurídica como sujeto responsable en nuestro ordenamiento siendo básicamente competencia legislativa no es cuestión sólo del legislador sino que precisa su complemento a través de la jurisprudencia aplicativa. Mientras ésta se produce, la doctrina de los autores y, especialmente, la emanada por la FGE cobra especial relieve para la interpretación de muchas de las cuestiones que se plantean, tanto de orden sustantivo como procesal. En este breve comentario, se da cuenta, en síntesis, de la reciente Circular FGE 1/2011, que aborda esta problemática tras la reforma penal operada por LO 5/2010.
