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Esther Sánchez Torres
La consolidación del concepto de «discriminación indirecta» ha dado lugar desde hace unos años a una serie de pronunciamientos judiciales en los que la valoración del contexto socioeconómico adquiere un papel fundamental, no sólo en la aportación de la prueba indiciaria, desde la que se activa la inversión de la carga de la prueba, sino también en la fundamentación básica de los fallos judiciales en materia de tutela antidiscriminatoria. La «prueba estadística» (esto es, la prueba consistente en la aportación de datos estadísticos significativos de la situación del colectivo especialmente protegido por la norma) y la «argumentación estadística» (esto es, la valora¬ción «a partir», «en función» y «al servicio» de la realidad socioeconómica) están adquiriendo una importancia trascendental en los procesos por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, alterando los parámetros tradicionales que servían de referente a las partes en litigio. En el presente estudio analizaremos algunos de estos pronunciamientos judiciales, al objeto de determinar cuáles son las reglas que rigen actualmente la prueba en materia de discriminación, qué principios deben pautar su admisibilidad y qué trascendencia práctica van a tener, particularmente para las em¬presas en las que supuestamente se produzcan conductas discriminatorias. La consolidación del concepto de «discriminación indirecta» ha dado lugar desde hace unos años a una serie de pronunciamientos judiciales en los que la valoración del contexto socioeconómico adquiere un papel fundamental, no sólo en la aportación de la prueba indiciaria, desde la que se activa la inversión de la carga de la prueba, sino también en la fundamentación básica de los fallos judiciales en materia de tutela antidiscriminatoria. La «prueba estadística» (esto es, la prueba consistente en la aportación de datos estadísticos significativos de la situación del colectivo especialmente protegido por la norma) y la «argumentación estadística» (esto es, la valora¬ción «a partir», «en función» y «al servicio» de la realidad socioeconómica) están adquiriendo una importancia trascendental en los procesos por vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, alterando los parámetros tradicionales que servían de referente a las partes en litigio. En el presente estudio analizaremos algunos de estos pronunciamientos judiciales, al objeto de determinar cuáles son las reglas que rigen actualmente la prueba en materia de discriminación, qué principios deben pautar su admisibilidad y qué trascendencia práctica van a tener, particularmente para las em¬presas en las que supuestamente se produzcan conductas discriminatorias.
