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Los escándalos corporativos de las últimas décadas han demostrado que unas bue-nas medidas de control corporativo no son solo una necesidad moral, sino también económica. Un mecanismo de gobierno corporativo actualmente en el punto de mira es el «say-on-pay», una forma de activismo accionarial que permite a los accionistas votar las políticas de remune-ración de sus empresas. Los defensores de la implementación del «say-on-pay» por ley argu-mentan que es la existencia del «problema de la remuneración a ejecutivos», además de otros argumentos de carácter más político y social, lo que justifica esta intervención legislativa. En es-te trabajo se discuten razones de tipo económico que restan atractivo a la idea de dotar a los accionistas del derecho a votar los planes de remuneración de sus ejecutivos.
