Acceso usuarios
Carmen Agoués Mendizábal 
Además de la necesidad de garantizar una prestación universal del servicio, en la ordenación del transporte de viajeros por carretera concurren otros intereses públicos (normas de seguridad y tráfico, protección e impacto ambiental, carreteras, ordenación urbanística ... ), cuyo cumplimiento también debe garantizarse por parte de los poderes públicos. Corresponde a los poderes públicos configurar un sistema en el cual la oferta de los diferentes modos de transporte resulte coordinada, rentable y más sostenible. En el presente trabajo se analizan los distintos niveles de intervención (comunitario, estatal, autonómico y local) en un proceso de liberalización de los servicios de transporte de viajeros por carretera, donde el mantenimiento de derechos exclusivos o especiales a favor de las distintas administraciones debe someterse a continua revisión.
