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Irene Rovira Ferrer
Desde que las autoliquidaciones y la imposición de numerosos deberes de información y colaboración se convirtieron en los principales mecanismos de gestión del sistema de aplicación de los tributos, los ciudadanos se encontraron con la responsabilidad de conocer, interpretar y aplicar el complejo, cambiante y, a veces, incluso deficiente ordenamiento tributario, por lo que debía compensarse la correspondiente reducción de la actividad administrativa con una fuerte prestación de los deberes de información y asistencia a los obligados tributarios. Sin embargo, la clave para dotar a estos deberes de la eficacia que merecen se encuentra en su regulación y la normativa no ha conseguido estar a la altura de su relevancia, de modo que el objetivo principal del presente trabajo es el de señalar las modificaciones jurídicas que resultan necesarias para su correcta configuración.
