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Martín Bassols Coma 
El Derecho a la Vivienda, reconocido por nuestra Constitución como principio rector de la política social y económica en su artículo 47 tiene importantes repercusiones en nuestro Derecho. En la actual situación de crisis económica, se busca atenuar el principio de responsabilidad patrimonial limitando la responsabilidad a la hipoteca. Otra manifestación es el tema de la vulnerabilidad social (no equivalente a mendicidad), especialmente en materia de arrendamientos, que se acompaña de medidas de actuación y ayudas a los inquilinos por parte de las administraciones públicas. Además se preve en nuestro Derecho una especial protección de inquilinos y propietarios frente a lo que se ha denominado mobbing inmobiliario. Otras actuaciones se centran en rehabilitacion urbana y de barrios degradados.
