Alfonso Pacheco Cifuentes
El Gobierno, a través de la ley de medidas de agilización procesal, pretende eliminar el recurso de apelación para las sentencias dictadas en los procedimientos que se tramitan vía juicio verbal por razón de la cuantía. ¿Por qué de esta medida? ¿Existen antecedentes en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Perjudica los derechos del justiciable? ¿Existe consenso al respecto entre los operadores jurídicos? ¿Es ésta una solución real y responsable a la lentitud de la Administración de la Justicia?.