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Las políticas de progreso no se han desenvuelto en el ámbito de la Justicia con el mismo éxito que en otras instituciones. A menudo se ha olvidado que la política judicial es una política de estado que incide sobre una materia muy compleja, muy fragmentada y con otros protagonistas distintos a los jueces, como son Consejerías autonómicas, fiscalía, secretariado judicial, funcionarios de justicia, abogacía y procuraduría.
