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Antonio Martínez Nieto
Desde hace algunos años, la idea de desarrollo sostenible ocupa un puesto destacado en los titulares de los periódicos, en las agendas de los organismos públicos y también es una prioridad en los centros de investigación de todo el mundo. La preocupación por encontrar un modelo de crecimiento que sea «sostenible» demanda cambios a nivel legal, técnico y organizativo. La L 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, es la respuesta española a este reto y su objetivo es introducir en el ordenamiento jurídico las «reformas estructurales necesarias para favorecer el desarrollo económico sostenible» (art. 1).
