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En esta práctica profesional, dedicada a la responsabilidad patrimonial por funcionamiento de las Administraciones públicas, examinamos los casos de responsabilidades concurrentes, los daños y perjuicios producidos a otras administraciones, la responsabilidad patrimonial de autoridades y empleados públicos, la responsabilidad patrimonial derivada de la infracción penal de funcionarios, la responsabilidad por perjuicio irrogado en los particulares derivados de responsabilidad contable y la responsabilidad por funcionamiento del Tribunal Constitucional.
