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El presente artículo analiza los instrumentos legales existentes en el ordenamiento jurídico costarricense -y la interpretación judicial y administrativa que sobre ellos han realizado los órganos competentes- para la protección de los recursos hídricos. Se concluye que si estos instrumentos son apropiadamente utilizados e implementados se permitiría una mejor tutela de las aguas superficiales y subterráneas.
