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Los años 90 representaron en Brasil avances institucionales en el campo del Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad; en el reconocimiento de los derechos de millones de habitantes de los asentamientos urbanos informales y en la participación directa de estos ciudadanos en los procesos de toma de decisiones sobre la política urbana. Estas propuestas constituyen los pilares de la Agenda de Reforma Urbana, que a partir de la creación del Ministerio de las Ciudades durante el gobierno de Lula, ingresa en el ámbito del Poder Ejecutivo federal. El artículo evalúa los límites y las posibilidades de implementación de esta agenda a través de la trayectoria de dos políticas propuestas por el Ministerio: el Consejo Nacional de las Ciudades y la Campaña por los Planes Directores Participativos; centrando su análisis en la organización del Estado en el área de desarrollo urbano en su relación con el sistema político y las características de la democracia brasileña.
