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Desde su primer planteamiento en el año 2005, los órganos judiciales cuestionantes o no de la medida, los estudiosos y aplicadores del Derecho Constitucional y del Derecho Penal y las personas afectadas por la norma, venían esperando el dictado de la sentencia que resolviera sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto, lo que se ha producido en esta STC 60/2010.
