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Seguramente el mejor modo de aproximarse al tema que pretendo abordar en este breve ensayo es utilizar una perspectiva diacrónica, esto es, analizar la regulación vigente como el resultado de una evolución que parte de la prohibición contenida en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, sobre la que vienen a incidir la Directiva 2008/104/CE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, incidencia de la que se viene a hacer eco la reciente reforma laboral en sus formulaciones sucesivas, a saber: el RDL 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y la Ley 35/2010 del mismo nombre. Esta perspectiva es sobre todo necesaria por cuanto nos encontramos en medio de un proceso de derogación normativa, en el que la disposición adicional quinta de la Ley de Contratos del Sector Público se encuentra todavía vigente y el nuevo régimen que resulta de la reforma laboral no está aún en vigor.
