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El régimen de recursos contra las resoluciones interlocutorias recaídas en los procesos ante el Tribunal del Jurado, desde su configuración especial por la propia LO 5/1995, de 22 de mayo, y lo previsto específicamente en los arts. 846 bis a) y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim.) (modificada parcialmente por Ley 13/2009, de 3 de noviembre), ha tenido cada vez más relevancia en la práctica, dada su singularidad y la frecuencia con la que se ha recurrido en las diferentes instancias judiciales. De esta manera, ha tenido que intervenir la jurisprudencia para delimitar algunas cuestiones controvertidas.
