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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha convalidado en junio de 2009 la ilegalización de Batasuna en tres sentencias que representan, desde el punto de vista jurídico, un espaldarazo definitivo para la Ley de partidos y su aplicación judicial, lo que, a su vez, supone un reforzamiento del Estado democrático en España y del adecuado funcionamiento de sus mecanismos legales y judiciales en la lucha contra el terrorismo y sus acólitos políticos. Sin embargo, las sentencias de 2009 confirman también una jurisprudencia europea que presenta algunos aspectos negativos desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, como son una determinada concepción sobre la «democracia militante», la posibilidad de la disolución de un partido por ausencia de condena de la violencia, y la aceptación de unos reducidos plazos para recurrir en el procedimiento contencioso-electoral.
The European Court of Human Rights has ratified in june 2009 the outlawing of Batasuna in three judgments that represent, from the legal point of view, an ultimate accolade for the Political Parties Act and its judicial enforcement, which, in turn, is a strengthening of the democratic state in Spain and of the proper functioning of its legal and judicial mechanisms in the fight against terrorism and their political friends. However, the judgments confirm that the european case law also has some drawbacks from the point of view of the protection of fundamental rights, such as a certain conception of the «militant democracy», the possibility of the dissolution of a party based on the absence of the condemnation of violence, and the acceptance of a reduced time for appeal in the judicial procedure.
