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La sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2010 sienta como doctrina jurisprudencial que los negocios celebrados por los padres sin la preceptiva autorización judicial constituyen, no un acto «nulo», sino un «negocio jurídico incompleto» que mantiene en suspenso su eficacia hasta que el hijo lo ratifique una vez alcance la mayoría de edad. ¿Es plausible esta tesis, o debería prevalecer el principio del interés y la protección de los hijos?.
