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Antonio Alonso Clemente
La primigenia pretensión de que las Corporaciones locales adquieran paulatinamente terrenos que puedan servir como reguladores del precio en el mercado de solares, reflejada en la exposición de motivos de la Ley del Suelo de 12 de mayo de 1956, parece seguir vigente. Tal fin constituye, junto con el de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, el eje central de la regulación de los patrimonios públicos de suelo tanto en la legislación básica estatal como en la legislación urbanística autonómica. Alrededor de estos fines se articulan en la normativa vigente fórmulas de gestión y disposición de los bienes integrantes de dichos patrimonios que coadyuven a la consecución de los mismos.
