Este trabajo tiene por finalidad fundamental efectuar un balance de la efectiva implantación de la Administración electrónica realizada en nuestro Derecho por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) y que para la Administración General del Estado resultaba obligatoria a partir del día 31 de diciembre de 2009. Igualmente, se pretende realizar una valoración de los aspectos más significativos que esta regulación supone para el estatuto jurídico de los ciudadanos, quienes se convierten en titulares de un "nuevo" conjunto de derechos públicos subjetivos que realzan su posición frente a las Administraciones públicas, y todo ello en el marco tecnológico de la Sociedad de la Información.