La Ley Orgánica 5/2010 de reforma del código penal que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 amplía los supuestos de hecho de los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (arts. 319 y 320 CP), así como endurece sus penas. El objetivo de la reforma es hacer frente al problema del incumplimiento de la legalidad urbanística, especialmente en suelo no urbanizable, y complementar el efecto disuasorio que suponen las elevadas sanciones de la legislación urbanística.