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El suelo, como objeto de regulación jurídica, es focalizado hoy en su naturaleza de recurso natural. Y lo es desde una doble perspectiva; primera, la de sus valores intrínsecos; segunda, la de otros recursos naturales esenciales que lo subyacen, lo surcan o lo sobrevuelan, y que, por tanto, no son ajenos en su suerte al modo en que aquél se utilice. Por ello, su régimen jurídico aparece presidido por el principio de utilización racional, proyectado en la exigencia de la sostenibilidad en el uso (desarrollo) de dicho recurso natural "suelo". Esa sostenibilidad no se ciñe a la ambiental sino que se extiende a la económica, pues el modo en que se produzca el desarrollo urbano y territorial en esa perspectiva puede acabar conduciendo a crisis sistémicas globales como la que actualmente atenaza a España. Desde otro plano, estos principios jurídicos requieren que se articule un sistema de planeamiento como el medio técnico instrumental más idóneo para encauzar racionalmente el proceso de desarrollo. Y en los Planes que se aprueben para las diversas escalas territoriales, requerirán también unos contenidos concretos, en lo sustantivo, y unas exigencias específicas, en lo formal y procedimental, para procurar servir como herramientas eficaces realmente al objetivo del desarrollo urbano y territorial sostenible.
