El cambio del modelo productivo auspiciado en España por el Gobierno, por buena parte de la oposición y la gran mayoría de los agentes sociales, tiene como objeto mejorar la competitividad de nuestra economía así como su capacidad para generar empleo de calidad, en condiciones de sostenibilidad social y ambiental. En esta perspectiva, la promoción y la gestión eficiente de la obra pública y de las infraestructuras de transporte constituyen un factor clave para la consecución de esta meta colectiva.