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Por primera vez en los últimos diecinueve años ha habido un cambio en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no ha sido fruto de un proceso electoral, sino de la marcha precipitada del anterior Presidente. Este ha sido el acontecimiento del año en la Comunidad Autónoma, aunque la polémica generada en torno al cumplimiento de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, es decir, la cuantificación y pago de la llamada �deuda histórica� no le ha ido a la zaga. La actividad del Parlamento de Andalucía sigue estando centrada en los mecanismos de control al Ejecutivo que impulsa la oposición, mientras que el Gobierno andaluz apuesta cada vez más claramente por legislar desde el Consejo, a través de Decretos-Leyes y Decretos Legislativos, que por presentar sus Proyectos de Ley ante la Cámara Legislativa autonómica. En el terreno político se empiezan a apreciar signos de cambio que deberán ser confirmados en el futuro.
