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Ante la gravedad de los delitos relacionados con la corrupción urbanística de los últimos años, la LO 5/2010 ha introducido varias reformas dirigidas a mejorar la eficacia de la punición penal de los delitos sobre la ordenación del territorio, entre las que destacan el reconocimiento de la responsabilidad penal de las empresas promotoras o constructoras, la ampliación de la conducta típica del delito, y el endurecimiento de las penas en los delitos de prevaricación urbanística.
