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La reforma de los delitos de corrupción ha venido marcada por dos hechos de relevancia: los graves escándalos descubiertos en los últimos tiempos, que han generado una profunda preocupación en la opinión pública y desprestigio a las instituciones, y la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales ratificados por España, que requerían una profunda remodelación de los delitos y las penas. La consecuencia de la reforma ha sido una mejora técnica de la redacción de los delitos de cohecho, un aumento significativo de las penas, y la incorporación de nuevos delitos como la corrupción entre particulares y en el deporte.
