La privatización y la desregulación no garantizan, por sí solas, que los beneficios de la liberalización se extiendan al conjunto de empresas y consumidores. La cuestión central en este aspecto es la competencia. Las posiciones de monopolio pueden traducirse fácilmente en explotación del consumidor. Algo similar sucede en las industrias propensas a acuerdos oligopolísticos. Por esto, es muy importante que existan organismos reguladores dotados de independencia, que velen por la competencia en cada mercado y por la eficiencia en el funcionamiento de las empresas reguladas. También lo es la acción colectiva para sensibilizar sobre estos problemas al poder público, y facilitar a las personas cauces - además de los estrictamente legales - para la defensa de sus derechos como consumidores