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Milagros María Otero Parga 
El intento de definición del Derecho es uno de los problemas que preocupa a la ciencia jurídica desde tiempo inmemorial. Parece que es necesario definir algo a fin de que el estudio de su objeto se considere científico. Asumida esta premisa, en torno al intento de definición se han agrupado multitud de juristas de todos los tiempos. Todos ellos pretendieron aportar algún elemento distintivo claro y rotundo que por lo mismo pudiese configurar una definición de derecho que no pudiese ser contestada. Todos estos intentos resultaron al fin y a la postre vanos porque el término “derecho” no es un término unívoco sino “equívoco”. Y por lo tanto las definiciones que pueden producirse, que de hecho ya se han producido a lo largo del tiempo, pueden ser tantas como definidores. Y es más, todas ellas pueden ser correctas si las consideramos desde el punto de vista de quien las emplea. Este hecho produjo en algún momento histórico, especialmente en el siglo XIX, una gran desazón. Parecía que un saber en relación con el cual no era posible alcanzar una definición no podía ser, por lo mismo, científico. Y todo saber del cual no pudiera predicarse la consideración de científico era de inferior categoría. Un simple divertimento en el que pasar el tiempo dedicado al estudio contemplativo, pero no un verdadero saber. Estas consideraciones, junto con las consecuencias que producían de infravaloración del conocimiento jurídico, incitaron si cabe con mayor intensidad, la necesidad de encontrar definiciones universales o universalizables.
