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En esta última práctica profesional dedicada a la inactividad de la Administración Pública debemos recordar la definición de inactividad que examinamos al comienzo como la omisión por la Administración Pública de cualquier actividad jurídica o material legalmente debida y materialmente posible teniendo en cuenta que estos dos elementos son los que legitiman la impugnación de la propia inactividad. En esta ocasión examinamos las figuras de la caducidad en la instancia y otros efectos de la inactividad administrativa ilegal como la responsabilidad de empleados y autoridades y la responsabilidad patrimonial de la Administración pública; también se examina la operativa de la prescripción en estos casos y el control judicial de la inactividad de la Administración examinando los diversos supuestos que se plantean en los diferentes procedimientos que regula la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
