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Federico Steinberg 
Además de enfrentarse a la crisis financiera, España ha sufrido la explosión de la burbuja inmobiliaria, tiene mercados de bienes poco flexibles y no cuenta con una sólida base productiva intensiva en conocimiento, capaz de reemplazar a la construcción como fuente de crecimiento.
Al igual que les sucede a todos los países avanzados y a muchos de los países en desarrollo, España está sufriendo con severidad la actual crisis económica internacional. Tras un largo periodo de crecimiento, aumento de la prosperidad y convergencia económica real con la UE, la recesión está poniendo de manifiesto vulnerabilidades de la economía española que exigen reformas de gran calado. Aunque en 2009 la economía española se contrajo menos que la media de la Unión Europea (un 3,6%, un 4,1% en la Unión), en 2010 España será uno de los pocos países avanzados que no crecerá. Además registra la mayor tasa de desempleo de los países ricos (casi el 20%) y, tras el estallido de la crisis griega en el primer semestre de 2010, el irracional efecto contagio que caracteriza a los mercados financieros internacionales ha llevado a un exagerado alarmismo sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas a largo plazo, disparando el coste de financiación de su deuda pública y obligando al gobierno a tomar duras medidas de ajuste. Este nerviosismo de los mercados tiene poca justificación. De hecho, España ha sido capaz de colocar sus nuevas emisiones de deuda sin problemas, aunque a mayor coste que antes del estallido de la crisis. Sin embargo, es cierto que las perspectivas de crecimiento de su economía para los próximos años son peores que las de la mayoría de los países avanzados y que sólo profundas reformas estructurales podrán devolver a España a una senda de fuerte crecimiento. El problema es, que a pesar de las medidas anunciadas, todavía no está claro si el gobierno estará dispuesto a incurrir en todo el coste político que supondría embarcarse en profundidad en el programa de reformas necesarias.
