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Es una constante en la legislación de vivienda el asignar un valor máximo a los suelos con destino a vivienda protegida. Ya en su origen se excluían los terrenos que por su excesivo precio dejasen reducido margen o aquellos "costosos en los que hubiese que desmontar o rellenar en exceso".
El objetivo no es otro que asegurarse mediante el valor del suelo que las viviendas a construir tengan un precio asequible y respeten el precio máximo legal de venta, es decir, desde el inicio aparece un control administrativo estricto que asigna el valor del suelo en relación con la vivienda de protección a vender o arrendar en dicho suelo.
