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La posibilidad contemplada en el art. 50.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que permite la sustitución de medidas de medio abierto por el internamiento en régimen semiabierto en los supuestos de quebrantamiento, ha suscitado desde su publicación importantes dudas de constitucionalidad en todos los operadores jurídicos. El Tribunal Constitucional ha zanjado recientemente el debate al resolver una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona.
