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La Ley 19.300 introdujo formalmente el análisis económico en los procesos de elaboración de ciertas regulaciones ambientales en Chile, además de generar procedimientos reglamentados, intersectoriales y participativos. Eso significó un importante avance. En este trabajo se procura visualizar dónde podría utilizarse potencialmente el análisis costo-beneficio (ACB) a lo largo del proceso de elaboración de las distintas normativas. Se sostiene que el ACB puede servir para definir qué normas quedarán seleccionadas en el Programa Priorizado de Normas. En el caso de las normas de calidad ambiental, al no existir estándares de riesgo definidos políticamente, el ACB podría convertirse en un poderoso instrumento técnico para definir los niveles de concentración óptimos. En cuanto a las normas de emisión, cuando éstas constituyen instrumentos para alcanzar niveles de concentración establecidos en una cierta norma de calidad ambiental, bastaría con realizar un análisis de costoefectividad (ACE) entre las distintas alternativas existentes. El caso de los planes de prevención y descontaminación es análogo a éste, pues el ACE serviría para determinar el conjunto de medidas que permitirán alcanzar la meta ambiental al menor costo.
Respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como éste no permite que los proyectos se hagan cargo de sus impactos ambientales mediante transacciones económicas, se señala que eso podría explicar en parte por qué las comunidades locales a veces se oponen a la aprobación de los proyectos.
Por otro lado, al importar directamente normas extranjeras de referencia (cuando no existen normas nacionales) para la evaluación ambiental de proyectos, se produce una asimetría en términos de la evaluación económica subyacente.
Por último, se realiza un estudio de los AGIES (Análisis General del Impacto Económico y Social) realizados a la fecha, donde se constata una importante divergencia en las metodologías utilizadas en esos análisis.
