Acceso usuarios
Ariane Arpa
Hace más de 200 años que las sociedades modernas establecieron el fin de la pobreza como uno de sus ideales. De hecho, las doctrinas del desarrollo internacional, en evolución constante desde hace ya más de medio siglo, establecen un único punto de acuerdo: la pobreza no es un fatalismo divino ni una consecuencia insorteable de la historia, sino el resultado de sociedades desiguales y economías equivocadas. Hoy sabemos que una ciudadanía informada y movilizada es capaz de transformar realidades injustas, incluyendo las estructuras que cada día condenan a 3.000 millones de personas al insulto de la miseria. Y lo que es más importante, sabemos que la depravación social en la que se ve obligada a vivir cada día la mayor parte de la humanidad no sólo supone el mayor fracaso ético de nuestro tiempo, sino que plantea amenazas para el conjunto del planeta.
Precisamente esa certeza está en el origen de la sociedad civil global y española, que aspira a influir en la compleja cadena de factores determinantes de la pobreza, desde las necesidades prácticas de una familia campesina en Guatemala, a la protección de la población civil en Darfur o las negociaciones globales sobre el clima. Son ONG y movimientos que quieren ser parte de quienes lideren la lucha por una justicia global, y aspiran a que España también lo sea.
España carece de la dimensión económica de Estados Unidos o la influencia política de Francia, pero, como demuestra el caso de otros países de nuestro entorno, las posibilidades de una potencia media en este campo pueden ser extraordinarias. El privilegio de sentarse en los nuevos órganos de gobierno de la globalización, como el G-20, entraña también importantes responsabilidades. Una de las principales es estar dispuestos a hacer frente al desafío sin precedentes que suponen la pobreza y la desigualdad en un mundo interdependiente donde nadamos o nos hundimos juntos.
