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Jaime de Ojeda y Eiseley
Obama ha avanzado con decisión en una agenda legislativa progresista. Pese a ello, su popularidad ha caído y las perspectivas demócratas para las elecciones de noviembre son pesimistas.
Al fin parece que se ha sellado efectivamente la horrible sangría de petróleo que ha estado contaminando el golfo de México y destruyendo la ecología y la economía de Luisiana, en especial los sectores pesquero y turístico. Si el remedio es permanente, se habrá reducido también la creciente merma de popularidad del presidente Barack Obama, a quien el país culpa de todo. En los dos primeros años de su mandato ha logrado pasar por el Congreso la ley de estímulo financiero, la ley de la salud pública y la ley de regulación de los agentes financieros. Está ahora a punto de pasar también la ley reguladora de la energía. Y, sin embargo, la nación no le atribuye el mérito que merecen sus denodados esfuerzos, pues no siente los efectos de toda esta eminente actividad legislativa.
En efecto, esas leyes obedecen a las prioridades ideológicas del presidente y el Partido Demócrata: han querido aprovechar la tenue mayoría que detentan para lograr objetivos que esperaban largo tiempo en su cartera. Han hecho avanzar la agenda demócrata mejor que cualquier otro gobierno desde el presidente Lyndon Johnson. Pero están pagando un elevado precio electoral para conseguirlo. Otros asuntos más preciados por la opinión pública han quedado aparentemente relegados, especialmente la crisis económica y el paro, que la población siente cotidiana e individualmente. En vez de alabar los éxitos legislativos del gobierno, ganados a pulso contra una cerrada oposición republicana, cunde la percepción de un crecimiento inoportuno del aparato gubernamental y la inquietud que causa la impresión cada vez más consciente de los peligros de la colosal deuda nacional y el déficit presupuestario.
